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Equipo del Ministerio del Interior maneja la hipótesis de que el Comando Barneix estuvo relacionado con los juicios por el Plan Cóndor en Roma

Como esperaban algunos de los invitados, el encuentro de este martes entre algunos de los amenazados por el Comando Barneix y jerarcas del Ministerio del Interior sobre el avance de la investigación por este caso terminó sin demasiadas novedades. Una de las víctimas de este grupo, la ex fiscal Mirtha Guianze, había sostenido el lunes, en diálogo con Radio Uruguay, que no albergaba expectativas sobre el encuentro debido a la falta de novedades en la investigación en los 28 meses que van desde que ocurrieron las amenazas.

A juicio de las víctimas de las amenazas, el encuentro no parece haber desentonado con lo que viene siendo la historia. “Me fui intoxicado por tanto humo”, ironizó uno de los participantes del encuentro que prefirió mantenerse en el anonimato. En concreto, la reunión se produjo a pedido de la jueza titular del caso, Julia Staricco, y fue dirigida por Estela González, directora del Equipo Especial-auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado. En el encuentro, celebrado en la sede del Observatorio Luz Ibarburu, este equipo presentó su hipótesis de trabajo: las amenazas fueron una reacción o están relacionadas con el juicio por el Plan Cóndor en Roma; la aparición del “comando” se produjo un mes después de la sentencia en primera instancia de la Corte de Asís de Roma, que absolvió a 13 militares retirados imputados por crímenes de lesa humanidad.

“Ellos creen que la hipótesis fundamental es que está vinculado a los juicios de Roma, pero nosotros no tenemos una mínima conexión con eso, sino con la actuación del Poder Judicial uruguayo y la parálisis que se ha producido en los hechos en la Justicia uruguaya por este tipo de casos”, explicó a la diaria el abogado Juan Errandonea, querellante en el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray ante la Justicia uruguaya.

En tanto, el abogado del Observatorio Luz Ibarburu Pablo Chargoñia sostuvo que no considera que esa hipótesis sea una línea de investigación suficiente para explicar “el porqué de la amenaza ni la identificación de los amenazadores”. No obstante, explicó que este equipo del Ministerio del Interior se maneja únicamente con fuentes abiertas a todo público, como registros en la prensa, lo que significa una limitación a la hora de desarrollar su investigación.

Errandonea dijo que la hipótesis no es muy sofisticada, y que la investigación viene enfocándose excesivamente en el “aspecto tecnológico”, cuando debería estar “encuadrada políticamente” y “vinculada a otros hechos, como el robo de la oficina del Grupo de Investigación en Arqueología Forense en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, o la vandalización de los sitios de la memoria”.

A pesar de que los exiguos resultados del encuentro, las víctimas tienen expectativas de que la orientación de la investigación pueda dar un giro a partir de un futuro encuentro que el Equipo Especial-auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado tendrá el viernes con los grupos de inteligencia que funcionan en la órbita del Poder Ejecutivo, organizados por intermedio del Sistema Nacional de Inteligencia, cuya institucionalidad se creó a partir de la ley que le dio forma, y que fue aprobada en octubre del año pasado.

Algunos participantes del encuentro interpretaron que la reunión fue una suerte de respuesta del gobierno y el Poder Judicial a la petición que en febrero de este año tramitaron contra el Estado uruguayo las víctimas de las amenazas del comando, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa oportunidad denunciaron la “falta de investigación” en el caso, y la vincularon con un “patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país”.

A fines de mayo, una delegación de la CIDH visitó el país y exigió el esclarecimiento de las amenazas contra los activistas. La relatora para Uruguay Antonia Urrejola pidió en esa oportunidad que el Ministerio del Interior informe de los avances de las investigaciones. En su informe sobre Uruguay, la CIDH agradeció la “información brindada por el Estado” al respecto, pero lo urgió a “continuar invirtiendo todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables”.