Yarian Revete, hija del fallecido jefe criminal Carlos Luis Revete, conocido como "El Koki", denunció en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta que personas vinculadas al gobierno chavista proporcionaron armamento y protección a la megabanda que operaba en la Cota 905 de Caracas. Según su testimonio, esta estructura delictiva fue instrumentalizada como una fuerza de respaldo ante un potencial golpe de Estado o una intervención militar estadounidense. Aunque Revete afirmó conocer las identidades de los funcionarios involucrados, se negó a revelarlas públicamente argumentando razones de seguridad personal.

La joven fue consultada sobre el origen del arsenal que manejaba la organización liderada por su padre, que llegó a controlar amplios sectores del oeste capitalino con numerosos hombres armados. Cuando se le preguntó si estas conexiones estaban ligadas al régimen de Nicolás Maduro, respondió afirmativamente. Sin embargo, no proporcionó nombres específicos de funcionarios, mecanismos de financiamiento ni detalles sobre quién suministró las armas utilizadas por la banda.

Según el relato de Revete, el objetivo principal del gobierno era contar con "un segundo frente" en caso de una invasión estadounidense o un golpe de Estado. Explicó que el régimen buscaba tener "esa seguridad de que iban a tener un segundo apoyo" que les permitiera "controlar las masas en caso de que se le saliera de las manos", reconociendo que las autoridades sabían que en cualquier momento podría ocurrir un cambio político.

Esta revelación se enmarca en la política de las llamadas "zonas de paz", que permitió a organizaciones criminales consolidar su control territorial tras la retirada de cuerpos policiales de comunidades específicas. Investigaciones de InSight Crime ya habían documentado un acuerdo tácito de no agresión entre autoridades chavistas y la organización de El Koki vigente desde 2017, que permitió a los delincuentes operar con intervención policial limitada hasta que intentaron expandirse hacia La Vega, desencadenando confrontación abierta con la seguridad del Estado.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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